El Gobierno foral ha adjudicado hoy a PSIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y Forense S.L.P., el contrato de asistencia para la atención psicológica de urgencia, atención terapéutica a víctimas de delitos y los programas de terapia individual y de grupo con maltratadores del ámbito familiar.
La labor de PSIMAE se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2009, y el gasto previsto es de 106.666 euros, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.
La oferta del instituto ha sido la más ventajosa de las tres presentadas al concurso resuelto por la Dirección General de Justicia, una licitación que contemplaba un gasto inicial de 166.666 euros, con un contrato que se podrá prorrogar hasta completar un periodo cuatro años.
El Gobierno de Navarra presta a través del Servicio Social de Justicia asistencia jurídica y psicológica gratuita a víctimas de delitos, y coordina medidas que favorezcan la rehabilitación y reinserción social de detenidos y excarcelados.
En 2008 facilitó atención terapéutica a 224 víctimas de delito, un 37% más que en 2007 y más del doble que en 2006, el 56% por episodios de violencia machista.
En su gran mayoría, las víctimas que acuden al Servicio son mujeres (187), y de las 205 víctimas que acudieron a la Sección, 23 eran menores (11%) y 126 tenían entre 18 y 40 años.
En el 98% de los casos de violencia de género, la víctima y el agresor tenían o habían tenido una relación afectiva.
Asimismo, un total de 135 maltratadores, un 9% más que en 2007, recibieron atención psicológica, una prestación que persigue garantizar la seguridad de la mujer y prevenir nuevos episodios.
Del total, 98 fueron atendidos en régimen ambulatorio, 10 con acceso voluntario y 88 por condena, conforme a la nueva Ley de Violencia de Género, y 37 en prisión.
El Servicio Social de Justicia también gestiona la presencia de un psicólogo en las intervenciones de urgencia para las que es requerido por SOS Navarra-112, bien en comisarías de policías, juzgados, centros sanitarios u otros.
En 2008, fueron requeridos en 151 ocasiones, el 80% por casos de violencia de género, seguido de delitos contra la libertad sexual y violencia doméstica.
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