martes, 16 de junio de 2009

La vida a los dieciséis (el debate está servido)

Dice la letra de la canción «quince años tiene mi amor», pero no menciona los 16. Esos los deja en manos de la legislación porque son otro cantar. Según las leyes españolas, una adolescente de esa edad es una persona inmadura para conducir un coche, ponerse un 'piercing' y votar, pero no lo es para mantener relaciones sexuales consentidas, casarse -aunque nada de celebrarlo con una copa de cava-, dejar de estudiar, hacer una excursión en horario escolar y, al amparo de la futura ley del aborto, interrumpir la gestación sin que sus padres vayan a enterarse. Tan mujer para unas cosas y tan niña para otras.

Así es el juego de mayorías de edad que prolifera en las leyes españolas. Por eso muchos se preguntan estos días si la cabeza de una chica de 16 años está lo suficientemente amueblada para asumir ella sola decisiones de gran calibre como no seguir con su embarazo no deseado. Se cuestiona su competencia ética para decidir y con ello, cómo y quién la valora: ¿los padres, un médico o un juez?

Ideas contrapuestas
La única certeza compartida en un tema tan prolífico en dudas es que cada adolescente es un mundo. El problema es que hay que legislar para la mayoría, y a partir de aquí comienzan las discrepancias. Uno de los ejemplos más claros lo ofrece la propia ministra de Sanidad y Política Social. Aunque no tiene hijos, Trinidad Jiménez asegura compartir sin ambages «todos los criterios» incluidos en la elaboración de la nueva ley; sin embargo, si se le presentara el caso, dijo: «Fracasaría como madre si mi hija no me dijera que va a abortar».
Y como ella, tiemblan muchos padres y no padres. Muchísimos. Hace unos días, varios periódicos publicaban sondeos de opinión que mostraban sin excepción el rechazo mayoritario de la sociedad -seis de cada diez españoles- a que las jóvenes de 16 y 17 años pasen por un quirófano para abortar sin contar con el consejo, apoyo y opinión de sus progenitores. Un jarro de agua fría para el proyecto de ley del Gobierno socialista que en octubre llegará al Parlamento para su debate.

El psicólogo de la Adolescencia Alfredo Oliva Delgado se recuerda a los dieciséis «menos maduro de lo que ha sido mi hijo con esa edad, pero yo ya tenía unos valores e ideas claras» que hoy, asegura, sigue manteniendo a grandes rasgos.

Lo que este investigador de la Universidad de Sevilla quiere hacer ver es que su caso no es una excepción, sino que «a partir de los 15-16, el nivel de razonamiento lógico y la capacidad para tomar decisiones sopesando pros y contras no difiere tanto del de un adulto». Menos claro lo tiene Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para quien «en muchas ocasiones se establece una edad u otra en función del debate social del momento», argumenta.

Lo cierto es que, en asuntos que tienen que ver con salud y seguridad, la ley española es cada vez más protectora y eleva la edad. Veamos cómo. Desde 2005, los menores de 18 no pueden comprar tabaco en España y desde 2006 tienen vetado acceder a bares especiales o discotecas, salvo las 'light' (con horario de seis de la tarde a diez de la noche). Si son sorprendidos consumiendo alcohol puede caerles una multa de 300 euros o más. Además, en septiembre de 2008 se modificó el reglamento general de conductores de modo que, a partir de 2010, para pilotar ciclomotores habrá que tener 15 años y no 14. Por el contrario, en asuntos relacionados con la autonomía sexual, la legislación enfrenta a los menores antes al Código Penal. Así, y aunque el Gobierno aprobó en febrero una reforma para subirla, la edad legal de consentimiento para relaciones sexuales sigue estando en los 13 años.

La vara de medir
¿Cómo establecen los legisladores la mejor mayoría de edad para elaborar las normas que incumben a menores? En principio, la gradación de los límites se fija «en función de la capacidad de obrar del menor». La Convención sobre los Derechos de la Infancia, aprobada por la ONU hace dos décadas, les sirve también de inspiración.

«El Derecho trata a los menores de forma desigual e incoherente en muchas ocasiones. Se pasa de la sobreprotección al descuido. Interesa hacer una revisión, adaptar la ley a los nuevos tiempos y a cada caso», advierte el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, conocido por sus condenas ejemplares a menores.

Secunda este argumento Altamira Gonzalo, al frente de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, si bien ella no está de acuerdo en hacer salvedades. Si la normativa considera que en materia sanitaria -lo estableció en 2002 la La Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente- un chico o una chica de 16 años es cabal para tomar decisiones «sobre el destino de su cuerpo», no se pueden establecer excepciones como la del aborto.

Y ese destino se puede cambiar, por ejemplo, con una operación de cirugía estética. En Andalucía, la Junta ha endurecido los requisitos para que un menor se someta a este tipo de intervención. Así, desde el pasado mes de marzo, los menores que quieran pasar por el quirófano con fines estéticos deben someterse a un examen psicológico previo que determine su nivel de madurez. Además, el cirujano deberá tener en cuenta el dictamen a la hora de aprobar la operación.
Se trata de un asunto que afecta cada vez a más familias. Según los cálculos de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), unos 40.000 menores se someten cada año a una intervención de este tipo. En el caso andaluz, la participación de los padres se diferencia en función de la edad del menor: si tiene entre 16 y 18 años (y el informe psicológico es favorable) la última decisión será suya. En caso de que tenga entre 12 y 16 años, será necesario el permiso de los progenitores para acometer la intervención.

A favor y en contra
Esta polémica no difiere demasiado de la suscitada con la reforma de la Ley de Aborto. El profesor de Psicología Jesús Gómez-Zapiain abre otra caja de Pandora: «Es duro decirlo, pero a algunas chicas hay que protegerles de su propia familia. Por eso no me parece inadecuado que puedan decidir abortar».

Aunque muchos no piensan como él. «Dejando actuar libremente a una chica de 16 años en esa situación no se hará sino agrandar el error», apoya Javier Elzo, sociólogo autor de varios análisis sobre el mundo adolescente.

Carmen Ortiz, presidenta de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, es más partidaria de tender la mano a los adultos: «La ley no puede regular que los hijos tengan confianza con sus padres. La confianza hay que ganársela».

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