La Ley de la Dependencia (Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) tiene el objetivo de "... regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad (...) de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (...) para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español". Esta Ley implica la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para garantizar dicho derecho; sistema que dependerá de la coordinación y cooperación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La autonomía no es más que la capacidad para desarrollar nuestra propia vida en las diferentes áreas de funcionamiento en función de nuestras normas y preferencias individuales, así como la capacidad de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) que permiten que permiten un mínimo de independencia (cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, orientación, entre otras.).
En contraposición dependencia sería, tal y como establece esta ley, "...el estado de carácter permanente (...) que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal".
Para ello, esta Ley establece que habrá de realizarse una valoración a la persona para establecer el grado (moderada, severa, o gran discapacidad) y nivel (físico, mental, intelectual o sensorial) de dependencia que tendrá un carácter objetivo al fundamentarse en el baremo que se propone en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud –CIF, que ha sido adoptada por la OMS.
La Ley establece que será la Comunidad Autónoma el organismo encargado de establecer el órgano encargado de la valoración. En este sentido, el Partido Socialista Navarro (PSN) ha presentado una moción en la que se propone la creación y consolidación en Navarra de Equipos Multidisciplinares de Valoración de la Dependencia, que incluirían al menos un médico, un psicólogo, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, un enfermero ATS/DUE y un fisioterapeuta. Según recoge el Diario de Navarra, Javier Monzón, portavoz parlamentario socialista de la Comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, con esta propuesta se pretende subsanar las deficiencias detectadas en dichos procesos de valoración de la dependencia y ofrecer una atención individualizada y de carácter multidisciplinar a la persona.
Iniciativas como ésta establece la Ley: universalidad, atención a la dependencia integral e integrada tienen un enorme valor, puesto que, en definitiva, permitirían cumplir los principios que, igualdad y personalización, entre otros, para establecer el plan de prevención e intervención más adecuado para la persona concreta en los diferentes planos del funcionamiento del individuo (físico, psicológico y social).
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